El Real Decreto 174/2011, publicado en el pasado 18 de febrero, modificará a partir de febrero del 2012 el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) y la escala de Valoración Específica de menores de 3 años (EVE). Los objetivos de este cambio son, principalmente dos. Uno de ellos es el de los dependientes que se valoran con el EVE; debido a su rápido crecimiento en el periodo inicial de la vida, se ha establecido revisiones de oficio de la baremación cada medio año (a los 6, 12, 18, 24, 30 meses de vida). De este modo se pretende ajustar el nivel de dependencia del niño con más exactitud a su desarrollo físico y cognitivo. Es otro es de la homogeneizar las medidas en todas las comunidades autónomas estableciendo un nuevo baremo para todas. Este decreto modifica el del año 2007 que establecía anterior baremación. El texto que se público el febrero dará un año de margen a la administraciones para que formen a sus profesionales de las Unidades de Dependencia. El cambio de baremación sin embargo, se aplicará a quien tengan que realizar la valoración a partir de 18 de febrero. Es decir, quien ya la hecho se les aplicará únicamente en el caso que tenga que hacer una revisión, la que se puede pedir si se ha producido un cambio sustancial del dependiente. Eso sí, a todos aquellos que hayan solicitado valorarse antes de la entrada en vigor del Real Decreto pero se les valore después del 18 febrero de 2012, se le aplicará la nueva norma que modificará la actual.
250.000 personas aún esperan las ayudas por dependencia, tras 17 meses de trámites. El objetivo del Gobierno era que desde que se pedía la ayuda hasta que se recibía pasara sólo medio año, pero ese período casi se ha triplicado. Esta tardanza podría "colapsar el sistema". Canarias y Comunidad Valenciana son las regiones que acumulan mayor desatención. El promedio en España desde que se entrega la solicitud de acceso a las ayudas de la Ley de Dependencia hasta que se recibe el servicio se sitúa en torno a los diecisiete meses, frente al objetivo del medio año fijado por el Gobierno, y la lista de espera para recibir las prestaciones supera las 250.000 personas. Más de medio millón de personas reciben prestaciones o servicios Son datos de un informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con los últimos datos oficiales aportados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) por las Comunidades Autónomas. El informe expone "los plazos excesivos de espera" que se están acumulando en muchas comunidades autónomas y advierte de que la tardanza de las administraciones en resolver los expedientes podría "colapsar el sistema". Más de medio millón de personas reciben prestaciones o servicios (553.716 personas), un promedio de 33.000 personas se incorporan cada mes desde 2007 al Sistema de la Dependencia, mientras que 252.000 se encuentran en el "limbo de la dependencia", integrado por personas con derecho a atención pero sin el Plan Individualizado de Atención (PIA) preciso para recibir la prestación, con un tiempo medio de espera de más de 12 meses. 120.000 personas pendientes de valoración Canarias y Comunidad Valenciana son las regiones que acumulan mayor desatención, con más del 50% y un 60%, respectivamente, respecto a personas que, teniendo grado y nivel suficientes para ostentar el derecho a ser atendidos, siguen a la espera del PIA. También se sitúan por encima de la media las personas que esperan la asignación del servicio en Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Cataluña. Además, el informe destaca que existe un continuo de unas 120.000 personas pendientes de valoración de grado y nivel, y calcula que con una media de 13,5 meses de espera "estaríamos hablando de una deuda acumulada cercana a los 800 millones de euros en concepto de atrasos por retroactividad". Respecto a la eliminación de la retroactividad para los nuevos expedientes si son resueltos en seis meses, el estudio señala que se producirá uno ahorro estimado de unos 350 millones de euros. Cantabria, La Rioja y Andalucía, las más atendidas Sobre la cobertura en relación a la población de cada comunidad autónoma, las mayores tasas de población atendida por cada mil habitantes corresponden a Cantabria, La Rioja y Andalucía, con cerca de 20 personas atendidas por cada mil habitantes. En el otro extremo se sitúan Baleares, Valencia, Madrid y Canarias, con unas tasas que oscilan entre 6,6 y 3,4 personas atendidas por cada mil habitantes.
www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/pdfs/BOE-A-2011-3174.pdf
Madrid y Valencia, las peores regiones en dependencia.
La defensora del Pueblo afirma que las comunidades de Madrid y Valencia son las que más quejas acumulan por la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, referidas, sobre todo, a las demoras en recibir las prestaciones o servicios
correspondientes.
En la Memoria 2010, que recoge Europa Press, la institución dirigida por María Luisa Cava de Llano vuelve a poner de relieve las reclamaciones de los ciudadanos sobre el desarrollo de esta norma aprobada en 2007. «Las quejas se focalizan, también este año, en las demoras y, consecuentemente, en la fecha de efectos que se concede al reconocimiento de las prestaciones, cuestión sobre la que se observan diferencias considerables», señala el informe.
Insiste en que hay un retraso «considerable» en la tramitación de las solicitudes de valoración del grado de dependencia y posterior Programa Individual de Atención (PIA)
y señala la conveniencia de reconocer las prestaciones económicas con efectos al menos desde la fecha de solicitud.
Asimismo, alerta de que, ante la negativa de las administraciones autonómicas
a dicho reconocimiento, los ciudadanos se han visto obligados a acudir a los tribunales, sometiéndose a un procedimiento «largo y costoso», para que les sean reconocidos
dichos derechos. Explica, además, que cuando resulta «necesario» acceder a una plaza
de atención residencial por ser insostenible la situación de una persona en su domicilio, «parece inadecuado que necesite esperar, en muchos casos, más de un año a que se valore su grado de dependencia y, a continuación se inicie el programa individual de atención, con lo que el acceso al centro se demorarás».
Así, pone como ejemplo el caso de un anciano de 86 años enfermo de Alzheimer que fue valorado como gran dependiente en 2008 y cuya única cuidadora era su mujer de 79
años, también valorada como dependiente severa. Ante la demora en aprobar la atención o el servicio que el hombre requería, le concedieron de forma temporal una plaza residencial, pero finalmente tuvo que volver al domicilio, donde falleció sin recibir la llamada oportuna.
250.000 personas aún esperan las ayudas por dependencia, tras 17 meses de trámites.
§ El objetivo del Gobierno era que desde que se pedía la ayuda hasta que se recibía pasara sólo medio año, pero ese período casi se ha triplicado.
§ Esta tardanza podría "colapsar el sistema".
§ Canarias y Comunidad Valenciana son las regiones que acumulan mayor desatención.
El promedio en España desde que se entrega la solicitud de acceso a las ayudas de la Ley de Dependencia hasta que se recibe el servicio se sitúa en torno a los diecisiete meses, frente al objetivo del medio año fijado por el Gobierno, y la lista de espera para recibir las prestaciones supera las 250.000 personas.
Más de medio millón de personas reciben prestaciones o servicios Son datos de un informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con los últimos datos oficiales aportados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) por las Comunidades Autónomas.
El informe expone "los plazos excesivos de espera" que se están acumulando en muchas comunidades autónomas y advierte de que la tardanza de las administraciones en resolver los expedientes podría "colapsar el sistema".
Más de medio millón de personas reciben prestaciones o servicios (553.716 personas), un promedio de 33.000 personas se incorporan cada mes desde 2007 al Sistema de la Dependencia, mientras que 252.000 se encuentran en el "limbo de la dependencia", integrado por personas con derecho a atención pero sin el Plan Individualizado de Atención (PIA) preciso para recibir la prestación, con un tiempo medio de espera de más de 12 meses.
120.000 personas pendientes de valoración
Canarias y Comunidad Valenciana son las regiones que acumulan mayor desatención, con más del 50% y un 60%, respectivamente, respecto a personas que, teniendo grado y nivel suficientes para ostentar el derecho a ser atendidos, siguen a la espera del PIA.
También se sitúan por encima de la media las personas que esperan la asignación del servicio en Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Cataluña.
Además, el informe destaca que existe un continuo de unas 120.000 personas pendientes de valoración de grado y nivel, y calcula que con una media de 13,5 meses de espera "estaríamos hablando de una deuda acumulada cercana a los 800 millones de euros en concepto de atrasos por retroactividad".
Respecto a la eliminación de la retroactividad para los nuevos expedientes si son resueltos en seis meses, el estudio señala que se producirá uno ahorro estimado de unos 350 millones de euros.
Cantabria, La Rioja y Andalucía, las más atendidas
Sobre la cobertura en relación a la población de cada comunidad autónoma, las mayores tasas de población atendida por cada mil habitantes corresponden a Cantabria, La Rioja y Andalucía, con cerca de 20 personas atendidas por cada mil habitantes.
En el otro extremo se sitúan Baleares, Valencia, Madrid y Canarias, con unas tasas que oscilan entre 6,6 y 3,4 personas atendidas por cada mil habitantes.
Galicia registra 19.000 personas pendientes de recibir la ayuda y supera la media española en desatención
Un total de 19.176 personas que tienen derecho a la prestación por dependencia en Galicia se encuentran a la espera de recibir la ayuda, según se desprende del Análisis de la marcha del Sistema de Atención a la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, con datos actualizados a 1 de mayo de 2010 y que sitúa además a Galicia por encima de la media española en desatención.
En concreto, Galicia es la quinta comunidad española con mayor número de personas dependientes que todavía no reciben la prestación, solo superada por Madrid —con 19.503 personas—, Valencia —con 30.997—, Cataluña —con 46.253— y Andalucía, donde esperan más de 61.000 personas. En total, en España están en esta situación 252.822 dependientes, una cifra "invariable" desde junio de 2009.
Asimismo, si se tiene en cuenta el porcentaje de personas que, teniendo el grado suficiente para ser atendidos, están a la espera de la prestación, en el conjunto de España se sitúa poco por encima del 30 por ciento.
Así, Galicia presenta un grado de desatención superior a esta media, con un 40 por ciento de personas que, con derecho a percibir la prestación, no la están recibiendo. Canarias y Valencia son, por este orden, las que registran un mayor grado de desatención, con el 60 y el 50 por ciento respectivamente.
Tasa de atendidos
Por tasa de atendidos, 11 de cada 1.000 gallegos están recibiendo prestación o servicio por dependencia, frente a 12 de cada 1.000 españoles. Las mayores tasas de población atendida se sitúan las comunidades de Cantabria, La Rioja o Andalucía, con cerca de 20 personas atendidas por cada mil habitantes.
En el otro extremo se encuentran autonomías como Canarias, a la cola, con 3,4 personas atendidas por cada mil habitantes, o Madrid, con 5,2. A estas comunidades les sigue Valencia con 5,7, Baleares, con 6,6, y Ceuta y Melilla con 9,8 atendidos por cada mil habitantes.
Pendientes de valoración
Según alerta el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, existe un continuo de unas 120.000 personas pendientes de valoración de grado y nivel a nivel estatal, por lo que, si bien 2010 debía ser un año de descanso, "puede convertirse en un año de taponamiento del sistema si continúa esta tendencia".
En concreto, el documento señala que más de medio millón de personas en España reciben prestaciones o servicios por este concepto y un promedio de 33.000 personas se incorporan cada mes al sistema de atención a la Dependencia desde el 2007.
UGT denuncia que el 39% de personas con dependencia severa no reciben ayudas.
§ El sindicato ha denunciado este miércoles que 24.764 personas con dependencia severa no reciben ninguna ayuda en la Comunidad.
§ UGT afirma que el Gobierno regional ha retenido 1.000 plazas en residencias públicas porque "esperan al inicio de la campaña electoral".
§ Han criticado la reducción en los presupuestos de servicios sociales.
El sindicato UGT ha denunciado este miércoles que 24.764 personas con dependencia severa no reciben ninguna ayuda en la Comunidad de Madrid, un 39% del total de personas beneficiarias, lo que supone un incremento de 1.600 personas desde el mes de enero. Así lo ha explicado la secretaria de Políticas Sociales de UGT de Madrid, Ana Sánchez de la Coba, donde ha asegurado que el Gobierno regional ha retenido 1.000 plazas en residencias públicas porque "esta esperando el inicio de la campaña electoral de las autonómicas".
Sánchez de la Coba ha afirmado que 24.764 dependientes severos en la región no reciben ninguna ayuda, lo que supone un incremento de 1.600 personas respecto al mes de enero,cuya cifra era de 23.103 dependientes severos, según un informe de enero a noviembre de este año realizado por el sindicato. "Desde UGT denunciamos la falta de voluntad política del Gobierno regional, el engaño de la Comunidad a los ciudadanos y la privación de unos derechos fundamentales" a las personas en situación de dependencia, ha aseverado de la Coba.
Denunciamos la falta de voluntad política del Gobierno regional y la privación de unos derechos fundamentales Según el estudio realizado por el sindicato, en la Comunidad de Madrid existen 1.000 plazas en residencias públicas desocupadas que Sánchez De la Coba ha atribuido a "una planificación estratégica de inauguraciones" de cara a las elecciones autonómicas, así como a "políticas de restricción del gasto y no contratación de trabajadores".
Así, desde el área de Políticas Sociales de UGT se ha criticado la reducción en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid en servicios sociales, que según el sindicato decrece un 2,4%, y la reducción en 8 millones de euros de las prestaciones económicas de ayuda a la dependencia. Sánchez de la Coba ha estado acompañada en la presentación de este informe por Alfonso, hijo de una mujer de 80 añosque ha sido valorada por la Comunidad de Madrid como gran dependiente ya que padece demencia senil y se encuentra en silla de ruedas.
Según Alfonso, tras un año de espera de una plaza en una residencia pública de la región, la solución de la administración ha sido conceder a su madre una plaza en una residencia de día, lo que considera "insuficiente". "Mi padre tiene 84 años y es el que cuida a mi madre. Yo le ayudo todo los días, pero quien lleva el peso es mi padre y es muy duro ver cómo se van deteriorando día a día", ha asegurado el familiar, que ha explicado que se siente "muy frustrado" y que ha presentado acciones legales.
